La Guardia Civil ratifica sus sospechas sobre Cifuentes en otro informe

Las declaraciones de tres imputados implican aún más a la dirigente ‘popular’

Jueves, 18 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:17h.

madrid- La participación “directa” de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2011 aparece reflejada en un segundo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el pasado 27 de marzo. El mismo amplía el escrito del 1 de marzo que salió a la luz el pasado martes, en el que la UCO le atribuye delitos de prevaricación y cohecho por dicha adjudicación, y que ha situado a la dirigente popular en el ojo del huracán.

El segundo informe recoge las declaraciones realizadas los días 8 y 9 de marzo por tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al expresidente de la patronal madrileña del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid. Esos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las ofertas para esos concursos, de los que la presidenta madrileña participó como presidenta de la mesa de adjudicación pero también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.

En la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de Arturo Fernández “bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna”. De esta circunstancia, dice la UCO, “tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras” las otras dos componentes del comité de expertos, Cifuentes y María Merino, otra de las imputadas que declaró ante la Guardia Civil.

Merino sostuvo que en 2009 mantuvo un encuentro con Cifuentes y con la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder -miembro a su vez del comité de expertos- en el que en realidad “no hubo deliberación”. “Nadie expuso nada, no había nada que discutir”, añadió sobre la reunión.

La UCO concluye que de estas declaraciones se extrae “la existencia de significativas y evidentes contradicciones entre lo declarado por algunas de las personas investigadas frente a otras, o respecto a lo declarado por éstas frente a elementos de prueba documental que obran en la investigación”. Ello “avalaría aun más” las conclusiones a las que llegó en el informe anterior del 1 de marzo en el que apuntaba a irregularidades en la concesión de esos dos contratos a Fernández y las ligaba con donativos ilegales que éste había hecho al PP de Madrid a través de la fundación Fundescam.

Favorecer A FernándezLa UCO considera que hubo “una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos”. “Ese favorecimiento se habría materializado a través de conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos”, añade. Concluye que los comités de expertos que se nombraron en ambas adjudicaciones, en los que participó Cifuentes, tenían en realidad la finalidad de proporcionar al grupo de Arturo Fernández “un amplio margen de puntos obtenidos en la valoración de los criterios de juicios de valor”.

Tras la difusión el martes del primero de los informes de la Guardia Civil, el juez instructor Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción se apresuraron a decir que no iban a actuar contra la presidenta madrileña, al considerar que no hay pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP. Sin embargo, ayer también se supo que Velasco y dos fiscales anticorrupción avalaron en sendos escritos del 6 de marzo que los contratos entre la Asamblea de Madrid y el Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, presentaban irregularidades.

En dicho auto de hace dos meses, el juez reseñó la existencia de “sólidos indicios” que acreditarían que empresarios como Fernández “fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”. Contratos “donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam”, agrega sin citar a Cifuentes, a la que sí apunta la UCO en sus informes. - DNA

Financiación ilegal