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El Ministerio de Medio Ambiente pide mayores avales de seguridad y una tramitación ambiental más garantista

Agurtzane Salazar/Efe DNA - Viernes, 19 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:16h.

Vitoria- Shesa, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, impulsora del sondeo en el pozo alavés de Armentia-2, había solicitado una declaración “simplificada” al Ministerio de Medio Ambiente de las consecuencias ecológicas del proyecto, ya que estimaba que el impacto era “mínimo”. Sin embargo, ayer el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, desveló que la resolución ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concluye que dicha evaluación debe de ser mucho más exhaustiva, por lo que la solicitud, respecto a sus riesgos y alcances, debe de ser tipo “ordinario”, ya que considera que la prospección es previsible que produzca “impactos adversos significativos” sobre el medio ambiente. Pese a ello, el Gobierno Vasco, invitado por este diario, prefirió no hacer declaraciones específicas sobre esta información, ya que, en su opinión, no supone que desde Madrid se rechace la prospección, sino que la tramitación se alargará más al pedir informes más detallados. En concreto, dos años más de tiempo es lo que puede prolongarse ahora los plazos, además de obligar a una exposición pública para que cualquier ciudadano pueda hacer las alegaciones que considere.

Todo lo contrario opina el parlamentario abertzale, para quien la petición del Ministerio de Medio Ambiente supone, sin duda, “un varapalo y un tremendo tortazo” al Gobierno Vasco que, según afirmó Otero, tendrá que parar este pozo por no cumplir con las garantías ambientales. En concreto, la evaluación ordinaria implica partir de cero, otra vez desde el principio y “con mayores garantías en todo el procedimiento”. Según precisa el BOE, Madrid detecta “carencias” en la información aportada por Shesa, “que limitan una adecuada evaluación del impacto, en cuanto a características del proyecto, la técnica a emplear y el diseño del pozo”. Por ello, propone un estudio ordinario que subsane estas carencias, “profundice en el análisis de los posibles impactos y riesgos” y describa con “más detalle” las propuestas para minimizarlos, especifica la decisión ministerial del pasado 3 de mayo, respecto a este sondeo exploratorio con técnicas convencionales, no de fracking, con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.550 metros, durante 164 días.

Además, Otero asegura que la resolución, más allá de sus consecuencias prácticas, deja claras sus “implicaciones políticas”, ya que “tanto Shesa como el Gobierno Vasco están haciendo las cosas mal”, por lo que insta al ejecutivo de Vitoria a “asumir ahora su responsabilidad porque su imagen sale muy tocada debido a su aval ciego a Shesa”, denunció Otero en clara referencia a las declaraciones del Gobierno Vasco cuando éste más de una vez ha dado la cara por esta sociedad pública, garantía, como afirmaba, “de que se iban a hacer las cosas bien”.

El parlamentario recuerda que la resolución es una prueba más de que “la apuesta del gabinete Urkullu por la extracción de gas es un error estratégico”, puesto que, como trajo a colación, “Shesa ha hecho un agujero de 25 millones de euros en las cuentas públicas, lo cual debe llevarnos a cuestionar su propia existencia”.


“Hurtar la participación” Por su parte, la resolución ministerial para Berriztu, la plataforma que exige paralizar la prospección en Armentia-2, supone “malas noticias para los planes perforadores del Gobierno Vasco”. En este sentido considera que el ejecutivo vasco “tomó la decisión de hurtar la participación social en el proyecto tramitándolo por la vía simplificada, sin fase de exposición pública ni alegaciones”. Su voluntad de no hacerlo, tal y como censura Berriztu, “muestra cuál es su talante”, máxime, cuando la plataforma ha constatado “la amplia preocupación social y rechazo hacia estos planes”.

En opinión del diputado de Unidos Podemos y dirigente de Equo, Juantxo López de Uralde, la decisión ministerial es “un paso adelante hacia su paralización definitiva”, por lo que exige al Gobierno Vasco que descarte cualquier intención de explorar hidrocarburos en Euskadi y que centre sus esfuerzos humanos y económicos en desarrollar “un modelo energético renovable”. López de Uralde destaca, además, que con el estudio de evaluación ambiental ordinaria “se abre la puerta a que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto”.

En la misma línea, el parlamentario de Elkarrekin Podemos y miembro de Equo, José Ramón Becerra, denunció que los “atajos” del ejecutivo de Urkullu le han dando malos resultados, por lo que solicita la paralización inmediata del pozo.

Según el Departamento vasco de Desarrollo Económico, el plan supondría un gasto de 18 millones de euros. La inversión de Shesa, propietaria en un 44 %, supondría 8 millones.

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