La pérdida máxima por el rescate de autopistas, cifrada en 3.718 millones

El Tribunal de Cuentas español hace la primera estimación del coste para los españoles de salvar las sociedades quebradas

Miércoles, 11 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:11h.

madrid- El Tribunal de Cuentas español (TC) estima en unos 3.718 millones de euros el “riesgo máximo” para el Estado por el rescate de las autopistas de peaje en quiebra, tras avisar de la falta de información sobre esta contingencia en su informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2015.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, explicó en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que dicha estimación no implica que los 3.718 millones de euros se vayan a traducir en una “pérdida cierta” para el Estado español, pero insistió en que las cuentas públicas estatales deben incluir información sobre las contingencias más significativas. En términos generales ha mejorado la rendición de cuentas por parte del Estado español, según Álvarez de Miranda, para quien la fiabilidad de las cuentas públicas reside en el correcto funcionamiento de la Administración General del Estado desde el punto de vista presupuestario y contable. No obstante, el TC considera que existe un déficit de valoración en el patrimonio del Estado, si bien ha reconocido las dificultades que hay en el ámbito público para actualizar el valor de los activos conforme al criterio de prudencia. Asimismo, explicó que la falta de imputación de algunos derechos y obligaciones en 2015 derivaron en una infravaloración del déficit público de entorno a 1.500 millones con lo que en el déficit se rebajó al 5,16% del PIB, frente al 4,2% comprometido con Bruselas.

OPA sobre AbertisEl Ministerio de Fomento mantiene que el Gobierno español debe autorizar el traspaso de las autopistas de la catalana Abertis en el marco de la OPA que ha lanzado la italiana Atlantia y, por ello, encargó a la Abogacía del Estado que determine si corresponde emitir dicha aprobación o si, por el contrario, la operación no requiere el visto bueno del Ejecutivo, tal como sostiene la compañía italiana.

Así lo indicó el ministro, Íñigo de la Serna, quien no obstante aseguró que, “en todo caso, será el Gobierno de España, y no Atlantia, quien determine si es precisa o no la autorización”. - Europa Press