renta de garantía de ingresos ayuda social

La sociedad vasca habla mucho sobre la RGI aunque la conoce muy poco

Ideas preconcebidas sobre las cifras de fraude, elevada presencia de extranjeros entre los titulares y desincentivación en la búsqueda de un empleo dominan el debate público en Euskadi sobre la ayuda social

Beatriz Sotillo - Domingo, 14 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:12h.

vitoria - La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) aparece a menudo en titulares e informaciones de prensa y otros medios, es tema habitual de debate y discusión, eje de polémicas políticas y para muchas personas es, sobre todo, una forma de poder llegar a final de mes o cubrir necesidades básicas. Pese a esta importante presencia en la vida y la actualidad vasca, el grado de conocimiento que la sociedad tiene de la RGI es “escaso, difuso y disperso”, según un análisis de las actitudes de la población de la Comunidad Autónoma Vasca hacia esta ayuda social.

Aunque según las encuestas el 86,8% de la población vasca dice haber oído hablar de la RGI, el estudio detallado de respuestas y opiniones evidencia que ese alto porcentaje no se traduce en un conocimiento fidedigno de la renta mínima vigente en Euskadi, ya que la mayor parte de las personas desconoce qué organismo la gestiona, dónde se solicita o cuáles son los requisitos para recibirla. También abundan los prejuicios relacionados con el fraude, la elevada presencia de perceptores extranjeros, el efecto llamada y la desincentivación del empleo.

En un trabajo firmado por Xabier Aierdi y Gorka Moreno y publicado en Zerbitzuan, los expertos destacan que la RGI “se conoce de oídas, pero no de sabidas” y alertan de que en las encuestas sobre esta ayuda social a menudo afloran “discursos y actitudes contradictorios” que “frecuentemente se anulan unos a otros”. Se detectan también elevados porcentajes de no respuesta -el famoso No sabe/No contesta- que en muchos casos no son achacables a la complejidad del tema o la pregunta formulada, sino que se trata de “un silencio interesado o contrario a la respuesta”. Explican que “conocedoras de que una opinión negativa sobre una protección es socialmente más difícil de expresar, habrá personas que escojan el silencio como respuesta encubridora de su opinión”.

Así se ha detectado que estos silencios que encubren una respuesta negativa -“respuesta silenciada”- son bastante amplios cuando el cuestionario se refiere a temas polémicos como la relación entre la inmigración y la RGI o el establecimiento de contrapartidas para quien la recibe. “Cuando se consulta sobre si habría más o menos inmigrantes en caso de que no existiese la RGI, más de la mitad de la población vasca (54,3%) opina que habría menos. Un 32,7% estima que la RGI no afecta, y finalmente un 13% no sabe o no contesta. Esta respuesta viene a decirnos que, para una gran mayoría de la sociedad vasca, la RGI genera el tan popularizado efecto llamada, atrayendo inmigración específica con base en esta renta mínima”, señalan.

Más extranjeros Los autores resaltan que aunque se sabe que los procesos que inducen a las migraciones son complejos y aúnan diversas causas, “entre las visiones dominantes de la sociedad vasca también está presente la que mantiene que la inmigración llegaría al País Vasco atraída por la existencia de la RGI. Está opinión concuerda con la percepción de que son más las personas extranjeras que estarían percibiendo la RGI”.

También hay un elevado grupo de personas -entre el 20 y el 33% de los encuestados- que no sabe o no quiere responder a las preguntas sobre qué porcentaje de los perceptores de la RGI son de nacionalidad española, o sobre el tiempo de empadronamiento exigido para poder acceder a la ayuda. El silencio más clamoroso se produce cuando se pregunta sobre la cobertura de la RGI y, en concreto, si deberían poder recibirla más personas.

En este caso un 41,5% de la población no sabe qué contestar o prefiere no hacerlo, un 29,2% estima que la RGI deberían poder recibirla más personas, un 18,8% prefiere que siga como está y no se abra a un mayor número de personas, y un 10,5% cree que la deberían percibir menos personas. “Las opiniones y actitudes de la sociedad vasca en torno a la RGI nos confirman que la realidad percibida y la realidad social no siempre van de la mano, y que estas percepciones condicionan claramente el análisis y la propia percepción de esa realidad social”, destacan los expertos.

Xabier Aierdi y Gorka Moreno indican que “la funcionalidad económica de la RGI a la hora de reducir la pobreza no es un tema de debate” y que “no se discute sobre la eficacia de la RGI, sino sobre a quienes corresponde ser sus beneficiarios legítimos”. En su artículo sobre las actitudes hacia la Renta de Garantía de Ingresos, los expertos abordan la vinculación de las rentas mínimas con la inserción laboral y la condicionalidad de las ayudas a la búsqueda de un empleo, la disposición o la formación para el trabajo.

Así, los autores resaltan que “todavía hoy es muy difícil abandonar la lógica del imaginario de la ciudadanía laboral y la idea de que la integración social únicamente debe derivar a la contribución laboral”. “Es comprensible -dicen- que la sociedad vasca, como todas las de su entorno, sostenga como condición de seguridad imprescindible lo que no deja de ser una realidad crecientemente circunstancial y coyuntural”, en referencia al empleo. El 94,7% de los vascos opina que para poder recibir una RGI hay que demostrar una voluntad indiscutible de encontrar un empleo y ocho de cada diez personas son partidarias de retirar las prestaciones a las personas que rechacen un trabajo o no asistan a los cursos de formación.

Se plantea también que la precarización laboral que estamos viviendo impide establecer una relación directa entre empleo y seguridad o seguir manteniendo la idea de que contar con un trabajo nos aleja de la necesidad de ayudas sociales. Sin embargo, “no termina de abrirse camino la idea de que la protección social es esencialmente inversión social. La protección se sigue equiparando únicamente a gasto inútil”.

Búsqueda de empleo Esta relación entre RGI y acceso al empleo es objeto de estudio por parte de Luis Sanzo, quien en otro artículo analiza “la condicionalidad en la política de garantía de ingresos en Euskadi”. Señala que en su diseño original el modelo vasco de garantía de ingresos, que se materializa en la RGI, se aleja de “las políticas de condicionalidad estricta que han acabado imponiéndose en la mayor parte de Europa, aunque con la ley de 2008 hay un acercamiento a estos postulados.

Sanzo afirma que con las sucesivas reformas de las normas que regulan la RGI y otras prestaciones para las personas que están en situación de pobreza y exclusión social “el reforzamiento de la condicionalidad ha ido ganando peso” y que esto se manifiesta en tres grandes líneas: la recuperación del vínculo conceptual entre el derecho a la prestación de garantía de ingresos y la inserción/inclusión;la aplicación del principio de activación en la concepción de la acción para la inserción (disponibilidad para el empleo);y en la introducción de formas más estrictas de control de los procesos de comportamiento de los perceptores (control de sus gastos, por ejemplo).

En la modificación de la Ley de 2011 se produce el traspaso de la gestión de la RGI a Lanbide, lo que se puede interpretar como “la orientación explícita a la inserción laboral”. “El traspaso de la renta de garantía de ingresos a Lanbide concreta el paso de una prestación para la inserción social a una orientada a la activación laboral”, concluye Luis Sanzo.